El Fondo de Garantías del Paraguay (FOGAPY), administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), se ha consolidado como una herramienta clave para ampliar el acceso al crédito y dinamizar la economía. Durante 2025 alcanzó su mayor nivel de actividad desde su creación, con un total de 8.912 garantías emitidas, lo que representa un crecimiento del 77,5% en comparación con 2022, un año marcado por la recuperación pospandemia. Este avance confirma su rol estratégico en sectores estratégicos de la economía del país.

Desde su inicio, el Fondo ha respaldado 55.153 operaciones, que permitieron canalizar más de USD 1.361 millones en créditos y sostener 325.359 empleos. Una parte significativa de estas operaciones se destinó al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan el motor de la economía nacional y concentran gran parte del empleo formal. Este respaldo ha sido clave para fortalecer su capacidad productiva, mejorar su competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo en todo el país.

El funcionamiento del Fondo es sencillo y eficaz. Cuando un solicitante no cuenta con garantías suficientes, asume parte del riesgo y cubre hasta el 90% del préstamo. Esto no libera al prestatario de su responsabilidad, pero otorga seguridad a las entidades financieras y facilita la colocación de crédito. Gracias a este esquema, un capital de 1,4 billones de guaraníes ha permitido movilizar más de 9 billones, multiplicando por más de seis veces la capacidad inicial. Este efecto de apalancamiento es fundamental para impulsar la inclusión financiera y la inversión productiva.

El crecimiento sostenido también se explica por la diversificación de productos. A la línea principal para las mipymes se sumaron fondos específicos para mujeres, vivienda y educación, diseñados para atender segmentos con mayores restricciones y necesidades diferenciadas. Esta estructura permite orientar recursos hacia proyectos con impacto social y económico, bajo criterios de sostenibilidad.

La AFD mantiene un monitoreo constante del sistema financiero para identificar brechas y ajustar los instrumentos a la demanda real. A esto se suma la participación de 23 entidades financieras, entre bancos, cooperativas y financieras, que sostienen un flujo de operaciones estable y refuerzan la articulación público-privada.

“Evolucionamos de un esquema de emergencia a un sistema de garantías con vocación permanente. Hoy movilizamos crédito donde la falta de garantías era un freno y lo hacemos con criterios de inclusión y sostenibilidad”, afirmó Stella Guillén, presidenta de la AFD. “El desafío es seguir ampliando el alcance del Fondo para que más personas y empresas accedan a financiamiento en condiciones justas y competitivas”.

Más que un respaldo operativo, el FOGAPY se ha convertido en una política financiera que genera confianza, orienta recursos hacia sectores productivos y promueve un crecimiento inclusivo y sostenible. Su impacto se traduce en más crédito disponible, mayor inversión y una economía con bases más sólidas.